La Jornada del campo – número 202 – julio 20 de 2024 – página 18
Ana Lilia Rivera Rivera Senadora de la República por el estado de Tlaxcala y presidenta de la Mesa Directiva @AnaLiliaRivra
Ofrenda maíz nativo. Ana Lilia Rivera
Legislar en materia de alimentación no es un capricho o una moda; se trata de una cuestión de responsabilidad en términos de derechos humanos. Solo a través de la legislación es posible garantizar una alimentación adecuada, promover la soberanía alimentaria, proteger la biodiversidad, respaldar los derechos de los pueblos indígenas y comunidades rurales, y asegurar la soberanía alimentaria.
Asimismo, la garantía legal de la alimentación salvaguarda la salud y el bienestar de las personas, y preserva la diversidad cultural y agrícola, esencial para la sostenibilidad del planeta.
En nuestro país, la Constitución Política establece en su artículo cuarto que toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, imponiendo al Estado la obligación de garantizar dicho derecho. Aunque este precepto constitucional está vigente desde octubre de 2011, no fue sino hasta abril de 2024 que entró en vigor su ley reglamentaria: la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible (LGAA).
Esta ley se promulgó con el objetivo de promover, proteger, respetar y garantizar el ejercicio efectivo de este derecho y de los derechos humanos interdependientes, priorizando el derecho a la salud, al medio ambiente, al agua y el interés superior de la niñez en todas las políticas del Estado mexicano relacionadas con la alimentación.
La ley plantea una estrategia integral que asegura una alimentación nutritiva, respetuosa de nuestra cultura y ambientalmente sostenible. Como parte de esta estrategia, se prevé, atendiendo al derecho de todas las personas a un consumo diario y suficiente de alimentos, la obligación de las autoridades de determinar canastas normativas regionales que, entre otros alimentos, consideren cereales enteros, preferentemente maíz y sus derivados.
Dentro de esos derivados se cuenta uno de los alimentos esenciales en todos los hogares mexicanos y base de los platillos más emblemáticos del país: la tortilla, pilar de nuestra identidad y patrimonio alimentario. En México, según el INEGI, el 98.6 por ciento de las y los mexicanos consumen habitualmente tortilla de maíz y el consumo per cápita, en promedio, es de nueve tortillas al día, lo que implica que se comen más de 20 millones de kilos de tortilla cada 24 horas.
Para la elaboración de este alimento se emplean anualmente alrededor de 13.5 millones de toneladas de maíz, mediante una técnica milenaria llamada nixtamalización, una de las aportaciones culinarias más importantes de Mesoamérica para el mundo, que consiste en cocer los granos en una mezcla de cal y agua, para luego de escurrirlos, enjuagarlos y molerlos, obtener una masa que, debido a dicho proceso, potencializa los beneficios nutrimentales del maíz. A primera vista, la tortilla cumple con todos los criterios previstos en la LGAAS: es un alimento nutritivo, seguro y culturalmente adecuado.
Por desgracia, en el mercado actual hay muchas tortillas que contienen numerosos ingredientes adicionales, principalmente conservadores, humectantes y muchos aditivos químicos. Estas versiones industrializadas, aunque accesibles, no ofrecen los mismos beneficios nutricionales que las tortillas tradicionales.
Además, para que la tortilla cumpla genuinamente con sus potenciales nutricionales y contribuya a la salud, debe garantizarse el acceso a maíz libre de transgénicos y cultivado de manera sostenible, lo que resulta crucial para mantener la integridad de este alimento. En este sexenio fue aprobada también la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo (LFFPMN), una norma directamente relacionada con la LGAAS y que reconoce al proceso de producción y salvaguarda del maíz nativo como un acto que contribuye a materializar los derechos sociales y culturales de las personas. No han sido menores los ataques a la LFFPMN, provenientes sobre todo de la industria extranjera de transgénicos, lo que incluso ha mantenido a nuestro país en tensiones con el país vecino del norte.
Estudios de la UNAM revelan que más del 90% de las tortillas que se consumen en México incluyen maíz transgénico, lo que conlleva sustancias tóxicas como el glifosato, el cual, según la Organización Mundial de la Salud, es un elemento potencialmente cancerígeno.
La sinergia entre ambas leyes es esencial para asegurar que la producción de tortillas mexicanas sea sostenible, nutritiva y culturalmente relevante. Éstas se complementan al promover prácticas agrícolas sostenibles, proteger la biodiversidad del maíz nativo y garantizar que dicho alimento siga siendo un alimento básico saludable, accesible y nutritivo para todas y todos los mexicanos.
En tanto promotora de ambas leyes, con la generosa orientación y apoyo de diversas organizaciones, activistas, productores y campesinos, tengo la certeza de que fortalecerán no sólo la seguridad alimentaria y nutricional del país, sino también serán indispensables para la defensa y exigibilidad de diversos derechos humanos.
Ambas leyes pugnan por la promoción del consumo de productos naturales; la protección del trabajo de producción de pequeña y mediana escala, la obligación de advertir cuando los productos contengan ingredientes provenientes de organismos genéticamente modificados, y que las políticas de los tres niveles de gobierno en materia de producción de alimentos tengan como objetivo principal preservar el uso de técnicas tradicionales y saberes ancestrales.
Sabemos que estas leyes son apenas el primer paso, pero su concreción, luego de años de lucha, es un gran punto de partida para favorecer la economía de las y los campesinos y del país; para asegurar la inocuidad de los alimentos que consumimos y, sobre todo, para honrar al maíz y sus múltiples y sabrosas formas de preparación como parte de nuestra identidad cultural y pieza clave en nuestra alimentación.•
Ofrenda maíz nativo. Ana Lilia Rivera
En nuestro país, la Constitución Política establece en su artículo cuarto que toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, imponiendo al Estado la obligación de garantizar dicho derecho. Aunque este precepto constitucional está vigente desde octubre de 2011, no fue sino hasta abril de 2024 que entró en vigor su ley reglamentaria: la Ley General de la Alimentación Adecuada y Sostenible (LGAA).