Memoria Revista Crítica militante – 2 abril, 2025 por FERNANDO BEJARANO
Fernando Bejarano1
El triunfo electoral de AMLO a la presidencia de la República representó un masivo apoyo al proyecto de la llamada cuarta transformación, la 4T. Esto significó en la política agrícola un giro en la prioridad de los programas gubernamentales y la reorientación de los subsidios y apoyos que beneficiaban a la élite agroexportadora para centrarse, desde entonces, en el apoyo a los productores rurales pequeños y medianos que forman la mayoría del sector; a la par de establecer un programa nacional para asegurar la autosuficiencia alimentaria sobre cultivos básicos, entre otras medidas.
En el nuevo gabinete formado por AMLO en las secretarías de agricultura, del medio ambiente, y de los organismos reguladores que definen la política de investigación en ciencia y tecnología y sobre bioseguridad, se integraron actores claves que habían formado parte de un amplio movimiento en defensa de la soberanía alimentaria, en contra de la autorización de la siembra comercial del maíz transgénico, y que denunciaron la contaminación transgénica de variedades nativas, y la presencia de glifosato en productos industrializados del maíz. En este movimiento destacaron la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) y la Campaña sin Maíz no hay País. Esta Campaña se formó en 2027 y logró articular a más de 300 organizaciones, de campesinos, científicos, derechos humanos, ambientalistas, consumidores, artistas, entre otros. Destaca también la demanda colectiva ciudadana que obtuvo como medida cautelar en 2013 y refrendada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2021, no permitir la siembra de maíz modificado genéticamente como medida de protección a la biodiversidad, siendo México centro de origen, en contra de los amparos promovidos por Bayer-Monsanto, Dow, Syngenta y PHI México.
Ejemplo de la inserción de nuevos actores en el gobierno de AMLO fue la designación de Víctor Suárez como Subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural; la designación de Víctor Toledo a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); de la Dra. Elena Álvarez-Buylla como titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (después Conahcyt al añadirse las Humanidades a su nombre), entre otros. Todo ello creó una nueva correlación de fuerzas al interior del gabinete que fortaleció al Grupo Intersecretarial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y competitividad (Gisamac), compuesto por subsecretarios y representantes de otras dependencias, donde se impulsaron otras medidas para transformar el sistema alimentario y garantizar el derecho a producir y consumir alimentos sanos.
El conflicto respecto al glifosato durante la presidencia de AMLO inició en diciembre de 2018 con la negativa de autorizar las importaciones de este herbicida por Semarnat cuando era titular Víctor Toledo; invoca el principio precautorio y la Recomendación 82/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que indica a la autoridad ambiental restringir el uso de plaguicidas de alta peligrosidad; y enfrenta intereses muy poderosos.
El glifosato está ligado a la estrategia de expansión de los cultivos modificados genéticamente en maíz, algodón y soya para ser tolerante a la aplicación de este herbicida promovida principalmente por Monsanto, propiedad de Bayer. La negativa a la importación del glifosato generó una oposición coordinada de la asociación Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología (Proccyt), miembro de la red de CropLife que agrupa a las corporaciones que controlan el mercado mundial de semillas y plaguicidas (Bayer-Monsanto, Syngenta-ChemChina, Corteva, BASF). Proccyt es parte del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), que agrupa a las empresas agroexportadoras encabezada por una élite empresarial beneficiada por los gobiernos neoliberales anteriores. CNA-Proccyt hacen alianza con la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFFAAC) que representa a la industria de plaguicidas genéricos. Estos intereses inician una batalla legal, pagan una intensa campaña en medios de comunicación que predice el derrumbe de la producción agrícola y niegan que el glifosato sea probable cancerígeno o tenga otros efectos adversos a la salud o ambiente.
En junio de 2020 se estableció una mesa de trabajo entre las autoridades gubernamentales de Semarnat, Sader, Conahcyt, y Salud con el CNA-industria de plaguicidas. Durante esas negociaciones iniciales y de manera sorpresiva la Sader sube en tres ocasiones, en el portal de la Comisión Nacional de la Mejora Regulatoria de la Secretaría de Economía (donde se publican las propuestas regulatorias para consulta pública), una propuesta de acuerdo intersecretarial primero, y después un borrador de acuerdo presidencial, con el objetivo no de terminar el uso sino “determinar la seguridad del glifosato” (Sec. de Economía 6 de junio, 4 de agosto y 23 octubre de 2020). Esta maniobra se hace sin el consenso de Semarnat, ni de las autoridades de salud, ni Conahcyt, o la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem); y se realiza gracias al apoyo del entonces consejero jurídico de la Presidencia de la República y del titular de la Sader, Víctor Villalobos, quien como subsecretario de agricultura en sexenios anteriores defendió la introducción de cultivos transgénicos en México. Villalobos entró al gabinete presidencial gracias a la influencia del empresario millonario Alfonso Romo, con negocios en el sector de biotecnología y semillas. Romo tejió los lazos con el sector empresarial durante la campaña de AMLO y fue jefe de la oficina de la Presidencia durante los primeros dos años de su gobierno.
Según declaraciones de Víctor Toledo, eran notorias las contradicciones al interior del gabinete y sus diferencias con el titular de la Sader Víctor Villalobos y el coordinador de la oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, que se oponían a la prohibición del glifosato. Incluso se filtró a los medios de comunicación un audio, producto del espionaje, que habla sobre estas diferencias, y finalmente el titular de la Semarnat renuncia por motivos de salud en septiembre de 2020 (Aristegui Noticias, 15 Feb, 2023).
En este período se dan pronunciamientos públicos a favor de la prohibición del glifosato y del maíz transgénico por parte de la Campaña sin Maíz no hay País, y cartas colectivas de otras organizaciones. Finalmente, el presidente de la República emite un primer decreto presidencial en diciembre del 2020 que confirma la decisión de sustituir gradualmente hasta terminar el uso del glifosato el 31 de enero del 2024; así como revocar y no autorizar la siembra de maíz genéticamente modificado para su uso en la alimentación, hasta sustituirlo totalmente en la misma fecha. En sus considerandos el decreto invoca el principio de precaución para prevenir daños graves e irreversibles, y el objetivo de alcanzar la autosuficiencia y soberanía alimentaria, entre otros. Indica que con base en las recomendaciones de Conahcyt se establecerá la cuota anual máxima de importación del glifosato para su sustitución gradual. El decreto de 2020 establece que las autoridades federales de agricultura y ambiente promuevan e implementen “alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas” al glifosato, ya sea con agroquimicos de baja toxicidad, con productos biológicos u orgánicos y con prácticas agroecológicas; e instruye a la Conahcyt que apoye dichas alternativas (DOF 31/12/2020).
A las presiones nacionales del CNA e industria de plaguicidas se suman las presiones del sector agroempresarial de Estados Unidos que van subiendo de nivel. Senadores republicanos de Iowa y la Asociación Nacional de Productores de Maíz cabildean a la representante comercial de Estados Unidos para que se realicen consultas técnicas por supuestas violaciones de México al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC. Se argumentan las pérdidas económicas que ocasionaría el no seguir exportando el maíz transgénico a México, con base en un estudio encargado por la organizaciones del agronegocio exportador y la industria de plaguicidas de Estados Unidos y México, incluida CropLife y Proccyt.
En este contexto de presión nacional y estadounidense se publica un segundo decreto presidencial en febrero de 2023 que deroga el anterior y hace algunos ajustes: se mantiene la decisión de reducir la importación del glifosato hasta lograr su sustitución total al 31 de marzo de 2024, y se reafirma la negativa al uso de maíz transgénico para consumo humano (masa y tortilla); pero lo nuevo es que permite la importación de maíz como alimento animal o para uso industrial, mientras aumenta la producción nacional (DOF 13/02/2023). México ha logrado ser autosuficiente en maíz blanco, pero no en el maíz amarillo destinado para consumo animal o uso industrial.
A pesar de las nuevas adecuaciones del segundo decreto presidencial de AMLO, las presiones estadounidenses continúan y al mes siguiente de publicado el decreto, en marzo de 2023, la representante de la oficina comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, pidió y logró se iniciaran consultas técnicas con el gobierno de México. Las consultas técnicas se realizaron, junto con consultas bilaterales sobre la solución de controversias, pero no satisfacen a los Estados Unidos, hasta que en agosto de 2023 la representante comercial pide se establezca un panel de solución de controversias pues reclama que las medidas relacionadas con el maíz genéticamente modificado son incompatibles con las obligaciones contraídas en el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Con estos antecedentes y resultado de la discusión interna gubernamental el 26 de marzo de 2024, en un comunicado conjunto, las secretarías de Economía (SE) y Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informaron que, “en virtud de que no se han concretado las condiciones para sustituir el uso del glifosato en la agricultura mexicana, debe prevalecer el interés de salvaguardar la seguridad agroalimentaria del país.” El comunicado es tramposo, pues supone que sin glifosato se pone en riesgo la seguridad alimentaria del país, como si ella dependiera de un solo herbicida químico; y por otra parte, entiende que entre las condiciones para sustituir al glifosato debería existir “alguna alternativa de herbicida de amplio espectro y de baja toxicidad que sustituya al glifosato y que permita mantener la productividad de quienes optan por este insumo.” Es decir, se plantea “la alternativa” como si el problema fuera solo sustituir un producto por otro, sin entender que se requiere un un manejo ecológico de las arvenses (mal lllamadas malezas) y el cambio de otras condiciones de manejo de los cultivos. El comunicado expresa un enfoque reduccionista que busca perpetuar el tipo de agricultura industrial basado en monocultivos dependiente de insumos externos, y es contradictorio con la información proporcionada tanto por la Subsecretaría de la Sader respecto a los progresos en la sustitución del glifosato que no ponían en riesgo la seguridad alimentaria del país, como con la experiencia documentada por el Conahcyt sobre las alternativas a este herbicida.
Dos días después del comunicado de Economía y Sader, Víctor Suárez titular de la Procuraduría Agraria en un acto conjunto con Conahcyt informaba que gracias al decreto presidencial había disminuido el uso de glifosato y no se ponía en riesgo la producción de alimentos en el país, que se cultivaban en el país 7 millones de hectáreas sin glifosato, con 4.5 millones de personas productoras en los programas de Producción para el Bienestar y Sembrando Vida. Por su parte, la titular de Conahcyt comunicaba que se habían identificado tres bioherbicidas disponibles en el mercado mundial con aprobación en Estados Unidos y la Unión Europea, y se había concretado el desarrollo de otros tres bioherbicidas mexicanos en proceso de escalamiento a nivel industrial y de aprobación regulatoria por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), todos ellos con eficacias de hasta más del 90 por ciento en fases pre y postemergente. El mismo Conahcyt documentó y compiló un conjunto de prácticas del manejo ecológico integral de arvenses en México, disponible de manera digital en 87 planes de manejo agroecológico en 17 mil has, en 22 estados de la república con productores menores a 5 has, e incluso de gran escala, hasta 3 mil has (Conahcyt, Procuraduría Agraria 28 de marzo de 2024).
Los titulares de Sader y de Economía informaron mal al presidente AMLO quien declara en abril del 2024 en la conferencia mañanera que “habrá una pausa” en la prohibición del glifosato y reconoce que hay una polémica al interior del gabinete; “pausa” que dura hasta el momento actual. Diversos sectores sociales, organismos no gubernamentales y académicos pidieron no se postergara la prohibición del glifosato, e incluso la propia Secretaría de Agricultura del estado de Veracruz respaldaba su petición con los progresos de transición agroecológica y orgánica en una superficie de 252 mil 956 ha (en 2 de cada 10 hectáreas sembradas en la entidad, no se aplica glifosato), para maíz, cítricos, caña de azúcar, café, hortalizas, entre otros (Sedarpa, 5 de abril de 2024).
Uno de los argumentos reiterados de la oposición empresarial a la sustitución gradual del glifosato o de las restricciones a la importación de maíz transgénico es el que estas decisiones “no están basadas en la ciencia”; sin embargo, desde fines del 2019 la Cibiogem subió a su portal electrónico la evidencia reportada en la literatura científica sobre los efectos adversos a la salud y el ambiente del glifosato. Esta evidencia se resume en el expediente científico sobre el maíz genéticamente modificado y sus efectos elaborado por Conahcyt entre los que se encuentran: ser probable carcinógeno en humanos determinada por un cuerpo interdisciplinario de expertos de la Agencia Internacional para la Investigación sobr el Cáncer (IARC) y confirmado en estudios posteriores, de su efecto genotóxico, de los efectos de alteración hormonal y trastornos reproductivos que incluso se pueden heredar a otras generaciones, de alteraciones metabólicas al afectar la microbiota intestinal, enfermedades neurológicas y del sistema nervioso, entre otros (Conahcyt, 2024). En el fondo, lo que esta en disputa son dos visiones distintas de lo que significa una “buena ciencia”.
Para las corporaciones químicas las políticas basadas en la “buena ciencia“ signifca no aplicar el principo precautorio sino basarse en evaluaciones del riesgo para establecer límites máximos permisibles de exposición (ambiental, laboral, o de ingesta admisible en alimentos), analizando caso por caso, con un enfoque reduccionista, que no responde a la compleja realidad de exposición múltiple y crónica del glifosato u otros agrotóxicos; como tampoco considera las condiciones de desigualdad, discriminación e injusticia que repercuten en situaciones de mayor vulnerabilidad de mujeres, la niñez, comunidades rurales, trabajador@s agrícolas y consumidores. La evaluación y manejo del riesgo es una construccción histórico-política, inscrita en la arquitectura jurídico-institucional neoliberal de México, junto con otros elementos menos visibles que hemos analizado en nuestra tesis doctoral (Bejarano, 2020:72-101).
En contraste con la visión regulatoria neoliberal tenemos la visión de una ciencia basada en el análisis de la peligrosidad de las sustancias tóxicas, que busca prevenir riesgos, evaluando en primer lugar alternativas, sobre todo cuando se trata de efectos adversos graves e irreversibles, y que reconoce la complejidad del problema de la exposición. Es significativo en este contexto la nueva Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, aprobada en mayo de 2023 en México, que incorpora en su mandato la aplicación del principio precautorio, el rigor epistemológico, la pluralidad y equidad epistémicas, el diálogo de saberes, la producción horizontal y transversal del conocimiento, el trabajo colaborativo, la solidaridad, los enfoques intercultural, de territorialidades y de derechos humanos.
Aunque el decreto presidencial de AMLO para terminar con el uso del glifosato intento dar un giro progresista a las políticas neoliberales heredadas de los gobiernos anteriores no fue suficiente para responder al grave problema del uso de los plaguicidas altamente peligrosos en México. Actualizando los datos que publicamos en 2017 (Bejarano, 2017), en México se encuentran 213 plaguicidas altamente peligrosos autorizados por la Cofepris y 152 se encuentran prohibidos por otros países, comparados con las listas de la Red Internacional de Plaguicidas de 2024 (PAN International 2024). La lista de PAN internacional considera los criterios de la FAO-OMS (probabilidad de cáncer, efectos tóxicos en la reproducción, inclusión en convenios ambientales, entre otros), más criterios como la alta toxicidad en abejas, alteraciones hormonales, efectos tóxicos en la reproducción, alta persistencia en suelos y agua, entre otros.
Sin duda, el tema del cumplimiento de la prohibición del glifosato y de otros plaguicidas altamente peligrosos deberá ser parte de la agenda de la 4T con la presidenta Claudia Sheinbaum si se desea continuar con la transformación del régimen neoliberal, para garantizar los derechos a una alimentación adecuada, a la salud, y a un medio ambiente sano, entre otros derechos fundamentales para el pueblo de México. Para ello, se requiere una política de Estado que defienda la soberanía alimentaria y logre articular la acción intersecretarial que potencie la participación de las organizaciones campesinas e indígenas para aumentar la escala de la transición agroecológica de los sistemas agrícolas, y haga los cambios regulatorios necesarios para prohíbir gradualmente a los plaguicidas altamente peligrosos con metas medibles y cuantificables, como establece la recomendación de la CNDH 82/2018, que hemos expuesto en la Agenda Socioambiental 2024.
Referencias
Aristegui Noticias, 15 Feb, 2023. Toledo denuncia que Scherer, Romo y Villalobos se oponían a la prohibición de maíz transgénico.
Bejarano, F. 2017 “Los plaguicidas altamente peligrosos nuevo tema normativo internacional y su perfil nacional en México” en Los Plaguicidas altamente Peligrosos en México, Bejarano, F (coord.y ed.) pp13-138 y Anexos I y II, en www.rapam.org
Bejarano, F. 2020. Las políticas gubernamentales de regulación del mercado de los plaguicidas en México y Brasil (1982 a 2018), Octubre de 2020. Tesis para obtener el grado de Doctor en Estudios Latinoamericanos, UNAM, en www.rapam.org
Bejarano et al. 2024. Plaguicidas altamente peligrosos: avances y pendientes, en Leticia Merino y Cecilia Navarro Agenda Socio Ambiental 2024: diagnósticos y propuestas. pp 97-104.
Conahcyt, 2024. Expediente científico sobre el maíz genéticamente modificado y sus efectos. Gobierno de México, Sept. 2024, en https://www.rapam.org/glifosato-y-transgenicos/
Conahcyt, Procuraduría Agraria 28 de marzo de 2024. Sí es posible producir alimentos sin glifosato en México, en https://secihti.mx/wp-content/uploads/comunicados/Conahcyt_503.pdf
PAN International, 2024, en https://pan-international.org/resources/
- Director de la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM) A.C. coordinacion@rapam.org