CAMPAÑA NACIONAL SIN MAÍZ NO HAY PAÍS
CIUDAD DE MÉXICO, 27 DE NOVIEMBRE DE 2019
COMUNICADO DE PRENSA URGENTE
NUEVO INTENTO DE PRIVATIZAR NUESTRAS SEMILLAS
- EL DIP. ERACLIO RODRÍGUEZ INTENTA DAR ALBAZO Y MODIFICAR LEY FEDERAL DE VARIEDADES VEGETALES.
- ¿DE QUÉ LADO ESTÁ EL DIPUTADO ERACLIO? ¿DE LAS Y LOS CAMPESINOS, PUEBLOS ORIGINARIOS O DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES?
- UPOV 91 REPRESENTA RIESGO A NUESTRAS SEMILLAS
La Campaña Nacional “Sin maíz no hay país” alerta sobre el intento de albazo legislativo del diputado Eraclio Rodríguez Gómez (presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria) de dictaminar modificaciones a la Ley Federal de Variedades Vegetales.
Recordemos que México al firmar en 1994, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se vio obligado a ingresar a la Convención Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV, por sus siglas en francés). En 1996 se aprobó en la Cámara de Diputados la Ley Federal de Variedades Vegetales y en 1997 firmó el acta UPOV78.
En la UPOV78 no se “patentan genes ni variedades, se privilegia el derecho milenario de los agricultores a usar e intercambiar libremente sus semillas, se favorece la diversidad genética y se permite que los campesinos obtengan nuevas variedades mediante cruzas de otras …”
Sin embargo, durante el gobierno de Peña Nieto, México ratificó el Tratado Transpacífico (TTP) y recientemente el Senado mexicano ratificó el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (TMEC). Donde nuestro país tiene la obligación de ingresar a la UPOV91 en “máximo 4 años”, lo cual implica prácticamente la privatización de nuestras semillas.
El Dr. Alejandro Espinosa explica que el acta UPOV 91, patenta genes y variedades, limita el uso e intercambio de las semillas por parte de los agricultores, como lo hacen de manera milenaria, prohíbe la derivación esencial de variedades, afecta directamente la diversidad genética y extiende los derechos de las semillas patentadas incluso a los productos que genera la variedad patentada. Es el escenario jurídico ideal para que los oligopolios controlen completamente las semillas y los transgénicos. Permitiría el despojo más grave en la historia de la humanidad, ya que, si se contaminan los maíces nativos por transgenes patentados, los genes que tendrían los maíces nativos otorgarían el derecho de propiedad a los dueños de las patentes.
El artículo 54 de esta iniciativa, atenta contra el campo mexicano, las y los campesinos y los pueblos originarios y beneficia a las grandes empresas agroalimentarias, ya que establece: “Se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de diez mil a cuarenta mil unidades de medida y actualización, a quien aproveche o explote una variedad vegetal protegida, su material de propagación o el producto de la cosecha, para su producción, reproducción, preparación, oferta, distribución, venta, producción comercial de otras variedades vegetales o variedades esencialmente derivadas, o cualquier otra forma de aprovechamiento conforme lo establecido en los artículos 4o. Bis y 4o. Bis 1 de esta Ley, sin la autorización del titular en forma reincidente”.
La intentona del diputado Eraclio de dictaminar y modificar dicha ley, en la próxima reunión de la comisión que él preside, que se realizará mañana jueves 28 de noviembre de 2019, atenta contra los intereses de las y los campesinos, de los pueblos originarios de usar e intercambiar sus semillas; atenta contra la autosuficiencia y soberanía alimentaria, abre paso a la utilización de semillas Genéticamente Modificadas (OGMs); atenta conta el proyecto de la Cuarta Transformación (4T) de rescatar al campo mexicano y la autosuficiencia y soberanía alimentarias, la prohibición de semillas transgénicas, etcétera.
Exigimos al diputado Eraclio Rodríguez y al Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados:
- Que no aprueben el dictamen de la Ley Federal de Variedades Vegetales; 2. Aprueben en sus términos la Ley Federal de Fomento y Protección del Maíz Nativo, boicoteada por el diputado y por la industria agroalimentaria; 3. Que protejan los intereses nacionales y no los de las empresas transnacionales.
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