Transgénicos en México: 20 años de lidiar con los riesgos
El Universal María Colín Campañista legal de Greenpeace México
En marzo de 1999, activistas de Greenpeace encontraron maíz transgénico en tres barcos comerciales (Emilia, Alam Progreso y Bulk Star) que se dirigían al puerto de Veracruz. Con análisis de laboratorio realizados en Austria, se confirmó lo que desde hacía tiempo se temía: el maíz transgénico estaba entrando a México sin ninguna autorización ni evaluación de sus riesgos para la salud o el ambiente.
En Greenpeace recordamos este punto como el inicio de una resistencia y lucha contra los transgénicos en México, según se describe en el documento Los transgénicos en México: 20 años de resistencia y lucha (http://bit.ly/34IaQ41), presentado hace unas semanas.
Al hallazgo en Veracruz le seguiría más evidencia. En septiembre de 2001, David Quist e Ignacio Chapela, investigadores de la Universidad de Berkeley, encontraron contaminación transgénica de cultivos de maíz nativo en la Sierra Norte de Oaxaca. Al año siguiente, el gobierno mexicano respondió con investigación propia, a cargo del entonces Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), que no sólo confirmaba los hallazgos de Quist y Chapela, sino que también reconocía la presencia de transgénicos en semillas del valle de Tehuacán, Puebla.
“La contaminación a las variedades criollas de maíz por secuencias transgénicas puede considerarse un hecho”, concluyó el informe liberado por la Semarnat.
En noviembre de 2004, un informe publicado por la Comisión para la Cooperación Ambiental de América del Norte, ente creado como contraparte ambiental del TLCAN, realizado por un gran número de investigadores de México, Estados Unidos y Canadá, reconoció la contaminación transgénica en Oaxaca y advirtió que esta continuaría si no se adoptaban diversas medidas al respecto.
En resumen, la evidencia se acumulaba. En años sucesivos se hallaron evidencias de contaminación transgénica en 29 de las 32 entidades de México. La respuesta del gobierno mexicano a esta intrusión ha sido, en el mejor de los casos, torpe, confusa y contradictoria. En los peores momentos, sin embargo, ha implicado facilitar la entrada de transgénicos con leyes a modo y sin correspondencia con el principio precautorio.
En 1998, por ejemplo, la Secretaría de Agricultura decretó una moratoria de facto a la siembra de maíz transgénico, ante el desconocimiento de los riesgos que podrían tener las nuevas semillas en una especie de polinización abierta (su polen se esparce libremente) y de la que México es un centro de domesticación y diversificación. Sin embargo, en 2003, la recién creada Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) levantó la moratoria a la siembra experimental. Además, el gobierno mexicano acordó con sus pares de América del Norte la libre entrada de cargamentos de maíz, sin necesidad de que estos tuvieran que identificar la presencia “accidental” de transgénicos si esta no pasaba del 5% del total, con lo que de facto se permitió un tipo de “contaminación legalizada” de los maíces nacionales.
La Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), bautizada por organizaciones sociales críticas como la Ley Monsanto, fue aprobada en el Congreso de la Unión en 2004 y entró en vigor en 2005, pese a todas las advertencias de organizaciones sociales, académicos, campesinos, entre otros, de los riesgos que implicaba para los acervos genéticos y la salud de los mexicanos, además de favorecer a las grandes corporaciones agroalimentarias. La ley establece la comercialización de los organismos genéticamente modificados (OGMs) a partir de un régimen de permisos (etapas experimental, piloto y comercial) y bajo la autoridad de las secretarías de Agricultura, Ambiente y Salud. En los hechos, la ley vela más por la biotecnología que por la bioseguridad.
Las concesiones a las agroindustrias en el marco legal, agudizadas bajo el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón, fueron criticadas por organizaciones sociales, defensores y activistas, en cuyo régimen se levantó la moratoria a la siembra comercial de semillas GM.
Sin embargo, diversas acciones judiciales emprendidas por una amalgama de colectividades sociales han llevado a frenar los efectos de las solicitudes de liberaciones o permisos para liberar al ambiente cultivos transgénicos. Un ejemplo es la suspensión del permiso de siembra de soya transgénica en la Yucatán y Campeche, cuyo permiso otorgado a la empresa Monsanto violaba el derecho a la consulta indígena de comunidades mayas. Sin embargo, pese a que el permiso para sembrar soya transgénica está cancelado, aún se cultiva de manera ilegal en la península de Yucatán, según ha documentado por comunidades y colectivos como Greenpeace. El gobierno mexicano ni siquiera se ha molestado en investigar suficientemente cómo es que esto ocurre para poder actuar en consecuencia.
En el caso del maíz transgénico, su siembra se encuentra detenida desde 2013 por una medida precautoria, derivada de un juicio promovido por activistas y organizaciones que alegaron que la siembra comercial implicaba violaciones a los derechos a la alimentación, la salud, a la diversidad biológica, entre otros.
A 20 años de saber que los transgénicos contaminan semillas nativas mexicanas, el debate es más vigente que nunca, ahora atizado por la iniciativa de ley de protección y fomento al maíz nativo, que los protransgénicos han querido tergiversar como un atentado contra la economía y la seguridad alimentaria del país.
Lo mejor que tenemos a la mano es nuestra diversidad genética, esa que las semillas modificadas genéticamente ponen en riesgo con su mera existencia.